La situación que vive en estos momentos el sector naval español, al que el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, propone condenar a que devuelva los beneficios fiscales obtenidos entre 2005 y 2011, se ha convertido ya en un problema que afecta a toda Europa.

La Comisión Europea no puede aceptar un planteamiento por parte del comisario de Competencia que por discrepancias en una apreciación jurídica sobre el sistema de ‘tax lease’ implique el fin de un sector industrial y la destrucción de 87.000 empleos en uno de sus países miembros que sufre una tasa de paro del 27%.

Dada la gravedad de la situación, el sector naval español solicita urgentemente al presidente de la Comisión, Durao Barroso, que intervenga y haga un «ejercicio de responsabilidad» para que se imponga el sentido común y el espíritu constructivo que los países integrantes de la UE esperan de sus instituciones.

Ha llegado la hora de la política, todos los argumentos jurídicos que avalan una decisión sin devolución han sido aportados y solo por una evidente falta de voluntad para la apreciación de los mismos, no se puede permitir que se cierre un sector y que la excusa continúe siendo una cuestión jurídica.

La inseguridad jurídica y la quiebra de la confianza en el sector naval europeo que está generando la decisión avanzada por el comisario Almunia, ya está teniendo efectos sobre la disposición de los armadores a contratar en Europa. Un precedente como este, con varios procedimientos de investigación que se ciernen sobre varios países europeos, ahuyentará a todos los armadores dispuestos a contratar hacia Asia.

Los armadores y navieras temen que la CE aplique en todos los países europeos la misma doctrina que el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia quiere utilizar contra España. El Colegio de Comisarios decidirá el 17 de julio sobre la propuesta de Almunia para que el sector naval español devuelva las supuestas ayudas concedidas al amparo del antiguo sistema de financiación, conocido como ‘tax lease’.

Esta decisión supondrá la muerte de todo el sector naval privado de España, y con él la quiebra de los 19 astilleros privados y de muchas empresas auxiliares con la consiguiente pérdida del empleo para 86.735 familias. A todo esto, habría que añadir los irreparables perjuicios para muchos armadores europeos.

Otros países europeos ya están sufriendo las repercusiones del borrador de decisión. Ya se han detectado numerosos casos de armadores que han enviado a sus técnicos de compras a astilleros asiáticos para buscar alternativas a la construcción de barcos que estaban negociando hasta ahora en países europeos.

Incluso Holanda, el país que denunció a España y que inició esta guerra comercial, está viviendo ya este problema. Sus astilleros están viendo cómo armadores con los que negociaban nuevos pedidos se están marchando a mercados que consideran más seguros jurídicamente.

Los armadores han tomado esta iniciativa al temer que, tras el golpe que se anuncia al sector naval español, la Comisión Europea actúe contra otros países con el mismo criterio que con España, de modo que se les obligue a devolver los beneficios fiscales que se aplican en todos los países continentales.

«La Unión Europea se encuentra en una encrucijada. Podemos ser los adalides de una política de competencia que termine con la industria europea y dé aire a la competencia desleal de los astilleros asiáticos. La Comisión tiene argumentos jurídicos bastantes para aplicar la misma doctrina que en el caso francés. Almunia dijo en Madrid que en Europa todo se pacta. Estamos en la hora de que la política haga valer el derecho. Barroso debe asumir su responsabilidad, refrendar el principio de seguridad jurídica y apoyar a la industria europea porque sin ella no hay ninguna competencia», asegura la consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo.

En definitiva, puede darse la paradoja de que los armadores y navieras internacionales, en su mayoría asentados en Europa, se vean forzados a comprar los barcos en Asia a causa de la política aplicada por la Comisión. El giro dado por el vicepresidente de la CE y comisario de la Competencia ha extendido la incertidumbre entre los armadores. Hay que tener en cuenta que el propio Almunia asegura que actuará contra los armadores y navieras, así como contra los inversores de la construcción de barcos en España.

Aunque la decisión no se dirija a los astilleros, el resultado será el fin del sector naval español y sus 87.000 empleos.

Reunión el 11, decisión el 17 de julio

El Gobierno y el sector naval han entregado durante los dos últimos años numerosos y sólidos argumentos jurídicos a la Comisión Europea, con base en principios jurídicos: la confianza legítima y la seguridad jurídica con los que han actuado los astilleros españoles, armadores e inversores a lo largo del periodo en el que el ‘tax lease’ estuvo vigente entre 2002 y 2011.El sector naval español no reclama el perdón de las ayudas, como ha afirmado en la última semana el Comisario de Competencia europeo. Los astilleros solo reclaman que se aprecien los argumentos jurídicos que se han trasladado al servicio de Competencia. También le exige el mismo trato que ha dispensado a otros países, como a Francia en el año 2006, cuando tras declarar incompatibles las ayudas al sector naval, eximió a los operadores de la devolución de los beneficios fiscales.

Apelamos a la igualdad de trato. España no puede aceptar por parte de la CE una decisión diferente que la dispensada a Francia. Nuestras operaciones también se hicieron al amparo de la seguridad jurídica y por ende, no debe imponerse una devolución.

El día 11 se ha convocado una reunión entre el comisario Almunia y las instituciones españolas, que llevarán a Bruselas una posición unánime frente a la propuesta que ya ha entregado al resto de comisarios. En ella estarán el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el ‘lehendakari’ Iñigo Urkullu (País Vasco) y los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y de Asturias, Javier Fernández. También acudirán los secretarios generales de los sindicatos UGT y CCOO, así como el presidente de PYMAR, Álvaro Platero.

La representación española reclamará ese día al comisario de Competencia y Vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, que reconsidere su propuesta y no obligue a devolver las ayudas porque existen sobrados argumentos jurídicos.

El día 17 de julio la decisión definitiva será adoptada por el Colegio de Comisarios, presidido por José Manuel Durao Barroso.